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COMBATIR EL CRIMEN
Propuestas antidelincuencia en el Parlamento
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El alcalde de Quito, Augusto Barrera, entregó hoy al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, 10 propuestas encaminadas a bajar el índice delincuencial en el Distrito Metropolitano tras el incremento ocurrido en los últimos años. |
El alcalde de Quito, Augusto Barrera, entregó hoy al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, 10 propuestas encaminadas a bajar el índice delincuencial en el Distrito Metropolitano tras el incremento ocurrido en los últimos años.
Acompañado de concejales y una multitud de ciudadanos de los diferentes barrios de la capital, Barrera recalcó la aparición local de nuevas modalidades delictivas, como sicariato, crimen organizado, secuestro expreso, robos de vehículos y distribución de drogas.
Subrayó la necesidad de desterrar estos hechos, no sólo de Quito sino de todo el país, pues están afectando la convivencia de los ciudadanos.
Barrera informó que de cada 100 delitos cometidos en Quito 20 son denunciados, de ellos 12 reciben acusación formal y sólo cinco son sancionados, lo cual estimó demuestra miedo por denunciarlos, pero, recalcó, vamos a luchar por una sociedad libre de delincuencia.
Indicó que estas propuestas no sólo están dirigidas a la Asamblea Nacional, sino también a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura y a todos los organismos y entidades a cargo de la seguridad en el país.
Al recibir las propuestas, Cordero se comprometió a dar un tratamiento ágil y de acuerdo con la ley a la iniciativa ciudadana, dijo que la legislatura está sintonizada con ese clamor y resaltó la unidad de los quiteños para pelear contra la inseguridad.
Las propuestas buscan establecer una nueva clasificación de delitos que permita su juzgamiento adecuado; el juicio ágil y oportuno de delitos frecuentes cuya gran mayoría queda en la impunidad; y tipificación de nuevas modalidades delictivas para sancionarlas.
Igualmente, el juzgamiento ágil de determinados delitos flagrantes contra la propiedad donde estén presentes las víctimas, el delincuente y las evidencias; tratamiento especial de la habitualidad delictiva y un sistema de asesoría legal gratuita a las víctimas.
Las propuestas abogan por la desconcentración en la capital de unidades especializadas de la Fiscalía y la creación de cuerpos especializados de investigación delictiva, altamente profesionales y con recursos económicos, científicos y tecnológicos.
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