El encargado de anunciar que Lucio Gutiérrez será incluido en las investigaciones judiciales por la revuelta del pasado 30 de septiembre fue el viceministro del Interior, Leonardo Barrezueta. En declaraciones a la agencia estatal Andes, el funcionario indicó que el movimiento oficialista Alianza País "analiza la posibilidad de encausarlo judicialmente" por unas declaraciones en las que, desde Miami, habría dicho que "si se acababa con Correa, se terminaba el modelo político" que el actual gobierno promueve, de tendencia socialista.

Barrezueta anunció que el gobierno también "tiene nuevas pruebas" que involucran a otros personajes en los sucesos de la rebelión policial, que son "audios y videos" que demostrarían que la "sublevación estuvo preparada con antelación".

El viceministro manifestó que Stalin López, abogado del absuelto ex director del hospital policial César Carrión, deberá dar una respuesta "suficientemente contundente" sobre qué hacía en los alrededores del regimiento policial en donde se desarrollaban las protestas ese día.

El 30 de septiembre de 2010, una protesta de policías en reclamo de lo que consideraban eran recortes de sus beneficios devino en enfrentamientos en los que se vio involucrado el propio Rafael Correa. El mandatario permaneció varias horas detenido un el hospital policial, para luego ser liberado por un comando de las fuerzas de seguridad. El gobierno calificó entonces la asonada como un intento de golpe de Estado y señaló al ex presidente Gutiérrez por ser el presunto instigador de los hechos. 

Hasta ahora, tres juicios han sido resueltos con declaratoria de inocencia para los acusados. En un cuarto juicio, se impuso una pena de dos años de prisión a tres policías por "intento de magnicidio". Tres procesos de origen fiscal continúan en marcha poco antes de cumplirse un año del alzamiento de los policías ecuatorianos.