Con ello, la actual Comunidad de Inteligencia, caracterizada por fuertes rencillas corporativas entre militares y policías, se convierte en un sistema nacional aparentemente con creciente participación civil, encabezado por un director de la confianza del Presidente de la República -durará cinco años en el cargo, con posibilidad de ser reelegido por una vez-, e incluye el aporte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como de los ministerios de Gobierno (Interior), Defensa, Relaciones Exteriores, Economía, Autonomía, Planificación del Desarrollo y el de Lucha Contra la Corrupción.

La DIDEP estará subordinada al Consejo Supremo de Defensa del Estado, y sus integrantes -un total de 114 funcionarios- provendrán de los ministerios de Defensa, Gobierno y de los institutos militares y policiales.

El nuevo organismo, entendido como productor de inteligencia estratégica, analizará los componentes geográfico, económico, político, psicosocial, científico tecnológico, transportes y telecomunicaciones. Entre sus tareas, según altos funcionarios del gobierno, se contarán la asesoría respecto a la factibilidad de proyectos petroleros, el poblamiento de zonas aisladas del país, el estudio sobre fuentes alternativas de energía, entre otras.

En noviembre de 2008, el ahora ex ministro de Defensa, Walker San Miguel, había anunciado la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia que estaría integrada básicamente por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La demora en la instauración del nuevo servicio de inteligencia se explica en parte por la política confrontacional del gobierno de Evo Morales hacia la administración estadounidense, tradicional apoyo financiero y doctrinario de las actividades de inteligencia en Bolivia. En parte también por la resistencia que han ofrecido las instituciones castrenses.

Durante su primer mandato, Evo Morales orquestó una campaña contra la CIA y la DEA, acusándolas de subversión y de someter a sus designios a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), dependiente de la Policía Nacional, y demás agencias de inteligencia militar. Ambos organismos debieron abandonar el país.

Simultáneamente, en una paralela similar al caso ecuatoriano, la política gubernamental ha abierto un conflicto soterrado con los militares, pese a la retórica pública de apoyo a las Fuerzas Armadas y al intento de cooptación de sus altos mandos. Llama poderosamente la atención que a las pocas horas de que el presidente Morales denunciara que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía eran responsables de la huida a Estados Unidos del ex candidato presidencial y líder opositor Manfred Reyes Villa, el Ejecutivo haya anunciado la reforma del sistema de inteligencia nacional.