Días pasados el juez español Eloy Velasco acusó al régimen bolivariano de articular un acuerdo entre los insurgentes colombianos y la organización terrorista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

 En numerosas oportunidades se ha acusado al presidente venezolano Hugo Chávez de respaldar a través de distintas formas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La última ocasión en que se comentó ese apoyo fue a mediados del año pasado, cuando desde Bogotá se imputó al líder bolivariano de haberle provisto lanzacohetes de su propio arsenal militar.

A estas acusaciones se agrega ahora una nueva: días pasados el juez español Eloy Velasco acusó al régimen bolivariano de articular un acuerdo entre los insurgentes colombianos y la organización terrorista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA). La acusación de Velasco es el fruto de una investigación iniciada en la Audiencia Nacional en diciembre de 2008, a partir de información encontrada en el computador de “Raúl Reyes”, número dos de las FARC abatido en una controvertida acción militar librada en el norte de Ecuador en marzo de ese año.

En su resolución, el juez pide a la Policía y a la Guardia Civil españolas que elaboren informes sobre los entrenamientos de las FARC y ETA en Venezuela, y que identifiquen a algunos de los implicados, para poder decidir si ordena su detención, como pide la Fiscalía. Ésta los considera responsables de los delitos de pertenencia a grupo terrorista, colaboración con banda armada y conspiración para cometer homicidios terroristas.

Para sustentar la acusación, el juez español no sólo se basó en la información del computador de “Raúl Reyes”, sino también en testimonios de por lo menos cuatro desmovilizados de la guerrilla. El expediente judicial indica que la alianza entre ambos grupos tenía como fin atentar contra varias personalidades políticas colombianas en Europa, entre ellas el mandatario Álvaro Uribe y el ex presidente Andrés Pastrana.

De acuerdo a Velasco, en Venezuela se han hecho varios de los encuentros entre ambas organizaciones. El vínculo entre las dos partes era responsabilidad del etarra Arturo Cubillas Fontán (alias “Arturo”), una de las principales piezas de su grupo en América Latina desde hace más de una década, quien trabaja en el Instituto Nacional de Tierras de Venezuela. Entre los contactos de Cubillas estaría el que fuera el “canciller” de la guerrilla colombiana, Rodrigo Granda.

La Audiencia española documenta que gracias a las gestiones de “Arturo” algunos miembros de las FARC impartieron adiestramiento militar a cuatro militantes de ETA en la frontera con el estado venezolano del Zulia en julio y agosto del 2003. En sentido inverso, los vascos dictaron numerosos cursos sobre armas y explosivos a sus socios colombianos, de una veintena de días de duración, en fincas ubicadas en Venezuela .

Específicamente, esos cursos enfatizaban en el manejo del explosivo C-4 que tiene un efecto destructivo superior que la dinamita, usando menores cargas, siendo relativamente fácil de obtener al ser muy usada en las perforaciones petrolíferas venezolanas. Los instructores etarras enseñaron a los militantes de las FARC a utilizar teléfonos móviles como sistema para iniciar explosiones; las ventajas de los explosivos pentrita y RDX; cómo fabricar dispositivos iniciadores de mercurios dentro de una jeringa de metal para activarse por el movimiento; y cómo y dónde poner las cargas para hacer coches bomba.

El juez español también aseguró que los guerrilleros Ramón Vargas y Gustavo Navarro, de las FARC, viajaron en dos ocasiones a España por aquellas épocas, para vigilar la embajada de Colombia y supuestamente para pedir a miembros de ETA colaboración para atentar allí contra el presidente Uribe; el ex presidente Andrés Pastrana; la ex embajadora Noemí Sanín; el ex alcalde bogotano Antanas Mockus; el vicepresidente Francisco Santos; y el empresario Carlos Ardila Lulle, entre otras personalidades.

Por esta causa, la Audiencia le ha pedido a las carteras de Exteriores y de Interior españolas que gestionen ante el gobierno venezolano la extradición no sólo de Cubillas, sino de los procesados que estén en esos países . Indica la solicitud: “Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en una ilícita colaboración de las FARC y ETA y en especial en el caso de Arturo Cubillas Fontán, dado que se encuentra en aquel territorio”.

Apenas se conoció el punto de vista del magistrado, el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó explicaciones a Caracas, mientras Pastrana le reclamó idéntico modelo de conducta a Uribe, quien prefirió actuar con discreción.

A través de un parco documento oficial, el gobierno del presidente Hugo Chávez rechazó y calificó como inaceptables las sospechas emitidas por el juez hispano sobre su supuesta cooperación con los grupos ETA y FARC para atentar contra la vida de altos funcionarios colombianos en Europa. En ese comunicado se indicó que Cubillas reside en Venezuela a petición del Estado español, en el marco de un acuerdo de 1989.

Según Chávez, las relaciones que le endilgan a integrantes de su gobierno con ambos grupos ilegales son más que represalias por su liderazgo en la conformación de la flamante Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños (OELC), que se habría logrado en la reciente reunión de los países del grupo de Río en Cancún. El mandatario venezolano aseguró que esto forma parte de una orquestación internacional “del imperio y sus aliados” para sabotear la consolidación de este nuevo foro, en el que no están incluidos EEUU y Canadá.

Al día de hoy, los gobiernos de España y Venezuela emitieron un comunicado en el que expresaron su voluntad común de seguir luchando contra ETA y cooperar con la Justicia española para despejar dudas en torno a la investigación de la alianza entre esa banda terrorista y las FARC.   

Hay que señalar que el transitorio y precario acuerdo al que han llegado los gobiernos venezolano y español, no goza de respaldo absoluto entre la élite política de la Madre Patria. Así lo evidenció el eurodiputado Carlos Iturgaiz del Partido Popular (PP), quien impulsó una iniciativa tendiente a que las instituciones europeas penalicen a Hugo Chávez por su complicidad y colaboración con los etarras.

En definitiva lo que se confirma en esta noticia, más allá de la conducta del régimen venezolano, es la transnacionalización del fenómeno terrorista, que trasciende límites estatales e incluso continentales, para cristalizar en acuerdos de escala global articulados más en términos de coincidencias estratégicas, que de ideologías compartidas. Es esencial que los Estados modernos comprendan esta característica, para elaborar respuestas bi o multilaterales basadas en la cooperación, que permitan lidiar en forma efectiva con este flagelo.-

Costa Rica

11.08.10
13.08.10

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01.09.10
03.09.10

Panamá

07.09.10
09.09.10

Argentina

12.10.10
14.10.10

Argentina

08.09.11
10.09.11